Asociaciones de discapacitados dicen que las prestaciones económicas son insuficientes

por JOSEP PLAYÀ MASET

"Esto no es la cuarta pata del Estado de bienestar, como nos quiere hacer creer el Gobierno". Esta sentencia corresponde a María José Vázquez, presidenta de la Federación ECOM, que agrupa a 157 entidades de discapacitados físicos - 117 de Catalunya-, tras valorar a fondo la ley de la Dependencia que se ha puesto en marcha, y de la que aún falta por conocer buena parte de los reglamentos y normativas que la van a acompañar. "Si lo comparamos -añade- con la educación, la sanidad o las pensiones, hemos de aplicar a las personas dependientes los mismos criterios y recursos que se ofrecen a estas áreas, y por ahora no es así".

FINANCIACIÓN INSUFICIENTE

Como sucede con todas las leyes importantes, la financiación es su punto débil. Las asociaciones, y no sólo la Federación ECOM -pero también los partidos que no están en el Gobierno- consideran que los presupuestos para el 2007 que sólo se destinan a personas con gran dependencia son claramente insuficientes. CiU ha llegado a decir que, tal como se han fijado los plazos para responder a las solicitudes y para establecer las prestaciones, puede que las primeras ayudas no lleguen hasta el 2008 y se ahorren lo estipulado en los presupuestos de este año. El Cermi, una coordinadora estatal de asociaciones de discapacitados físicos y psíquicos, ha señalado que el déficit de residencias obligaría a multiplicar por cinco la financiación actual para atender todas las demandas. "Es una ley de mínimos y exigiremos a la Generalitat, que tiene plenas competencias, que complemente las ayudas fijadas por el Gobierno central", dice María José Vázquez.

CONTRA EL COPAGO

La generalización del copago en función de la renta del dependiente es uno de los principales puntos de discrepancia. "Si no se pide la renta para subir a un transporte público o para acceder a la sanidad, por qué se le tiene que exigir a una persona discapacitada", es el argumento más repetido y de mayor calado. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) fue uno de los primeros en pedir un "sistema universal y gratuito" y le siguieron todos los colectivos. Ahora, ECOM repide que "no se puede anunciar a bombo y platillo una ley y luego introducir el copago". Pero los baremos económicos no se conocen aún.

COSTES REALES MÁS ALTOS

Los usuarios tendrán que pagar cantidades elevadas por los servicios a los que da derecho la ley, pero las prestaciones previstas están por debajo de los costes reales. Así, la prestación para un asistente personal, estipulada en 1.014 euros, sólo permite contratar a una persona un máximo de dos o tres horas al día, puesto que el coste mínimo no baja de los 10 euros por hora, y eso sin tener en cuenta otros temas como las vacaciones y la necesidad de tener un suplente. En la práctica, y para personas con alto grado de dependencia, será difícil evitar el internamiento.

La Federación ECOM, en el comunicado dado a conocer ayer, señala también que el familiar que tenga que dejar de trabajar para atender a una persona con dependencia en el entorno familiar recibirá una prestación económica inferior al salario mínimo interprofesional.

¿Y LA CARGA SUPLEMENTARIA?

Las entidades aseguran que en ningún momento se ha tenido en cuenta la carga económica suplementaria que supone vivir con una discapacidad. Un estudio del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona cifraba una media de 27.000 euros anuales suplementarios para las personas discapacitadas. "Nadie se refiere a ese coste añadido", explica Vázquez. Tampoco se tienen en cuenta las diferencias de nivel de vida entre las diferentes comunidades autónomas o entre una ciudad como Barcelona, más preparada para el uso de los transportes para minusválidos, que una pequeña población de su entorno. Cierto es que el Gobierno hizo la semana pasada una asignación suplementaria de fondos de 220 millones de euros y en su distribución por comunidades dijo tener en cuenta distintos criterios como el nivel de renta o la dispersión de la población.

AUTONOMÍA PERSONAL CUESTIONADA

La ley tiene como gran objetivo la autonomía personal de los dependientes y, sin embargo, las entidades temen que todo quede en una mera declaración de intenciones. "Fomentar la vida independiente, la autogestión y la libertad de opción, considerados los principios básicos de la autonomía personal, exige más fondos y más medidas", dicen. Esta discrepancia se lleva incluso al terreno de los planteamientos. "La elaboración del Programa Individual de Atención -dicen- se deja en manos de técnicos y profesionales, y se corre el peligro de que no se tenga en cuenta suficientemente la voluntad y la decisión de la propia persona en situación de dependencia, algo fundamental". Para estas asociaciones, son los 30.000 ciudadanos con gran dependencia que hay en Catalunya, o los 185.000 con distintos grados de dependencia, "los que deben hacer su proyecto de vida y recibir la ayuda que lo posibilite y no al revés".

La Vanguardia